Pena y Estructura Social by George y Kircheimer, Otto Rusche

By George y Kircheimer, Otto Rusche

CONDICIONES SOCIALES Y EJECUCIóN PENAL EN l. a. BAJA EDAD MEDIA MERCANTILISMO Y SURGIMIENTO DE l. a. PENA DE PRISIóN CAMBIOS EN LAS FORMAS DE l. a. PENA los angeles éPOCA DEL ILUMINISMO DE los angeles TEORíA Y EL DERECHO PENAL los angeles REVOLUCIóN business: CONSECUENCIAS EN l. a. POLíTICA SOCIAL Y PENAL ABOLICIóN DE l. a. PENAL DE DEPORTACIóN EL FRACASO DEL ASILAMIENTO CELULAR los angeles REFORMA CARCELARIA MODERNA Y SUS LíMITES los angeles FUNCIóN DE l. a. PENAL PECUNIARIA EN los angeles PRáCTICA PENAL RECIENTE NUEVAS TENDENCIAS EN los angeles POLíTICA PENAL DURANTE EL PERíODO FASCISTA POLíTICA PENAL Y CIFRAS DE los angeles CRIMINALIDAD.

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Un planteamiento similar tuvieron que formularse las sociedades que, sobre la mitad de este siglo, salieron de una larga noche como la constituida por los regímenes fascistas. Ahí están, para testimoniar lo afirmado, los procesos constitucionales alemán federal e italiano y el muy actual español, sin olvidar el francés. En todos ellos, la cuestión judicial ha tenido una atención preferente por el papel que ella desempeña como elemento definidor de la forma-Estado social y democrática de derecho.

El presumible fortalecimiento del poder judicial impone su responsabilización política frente al pueblo, como poder político que es. De tal manera ese control y apoyo, a un tiempo, de la opinión pública hará más firme la independencia ante los demás poderes. Para que esto sea posible, se hace preciso devolver la trasparencia al ejercicio de la función mediante la desburocratización de ella y la búsqueda de nuevas formas que la conviertan en una actividad eficaz e inteligible. Es necesario proponer un sistema adecuado de información, auténtica y definitiva realización del tan fundamental como atrofiado principio de publicidad, generalizable a todas las fases y momentos del proceso.

Pretender justificar con la mayor experiencia en la dedicación a la función de administrar justicia, la desigual distribución de puestos, es desconocer que aquella experiencia nada tiene que ver con una materia muy diferente, como es la relativa a la institucionalización política de la citada función y a las relaciones con otros poderes del Estado. Por otra parte, la configuración de los diferentes órganos del Consejo general del poder judicial deja ver muy claramente —insiste MOVILLA^»— una desconfianza por los miembros de aquel de extracción parlamentaria —precisamente los legitimados por la soberanía popular—, que acentúa su carácter estamental y corporativista.

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